El año 2008 para nuestro país puede ser considerado un año de consolidación de los intereses históricos del movimiento cooperativo a partir de la aprobación de la Ley Nº 18.407, que regula el funcionamiento general del sistema cooperativo y crea el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) como órgano de promoción, asesoramiento y ejecución de la política nacional del cooperativismo.
En el mismo año, se aprueba la Ley General de Educación Nº 18.437, que define a la educación como un derecho humano fundamental -cuyo goce y ejercicio se reconoce como bien público y social- y tiene como fin el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas las personas, sin discriminación alguna.
Este proceso de expansión y consolidación de derechos políticos, económicos, sociales y culturales genera las condiciones para el encuentro entre la educación y el cooperativismo, que es plasmado con el mandato legal al INACOOP, referente a la promoción de la educación cooperativa en la educación formal, integrado en su Ley de creación[1].